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Interdisciplinar Seminar – International Governance: Efficient and Sustainable Governments

 

Thursday, June, 15, 2017  – 11:45 – 17:30 h. – Faculty of Law – University of Barcelona

Welcome speech: Xavier Pons i Ràfols. Dean of the Faculty of Law. UB.

Good Governance from an International Perspective. The human centered business model project (World Bank)

Julio Ponce. Transjus Director. UB. Professor of Administrative Law and member of the Human-Centered Business Model Project (World Bank).

 

Good governance from an international perspective: the Human-Centered Business Model Project (World Bank).

Marco Nacoli. Senior Project Manager, Senior Knowledge Management Officer. Legal Vice Presidency. The World Bank.

Marta Ortega. Professor of Public International Law-EU Law. UB. Director of Pilar I of the Human-Centered Business Model Project (World Bank).

Philip Marchessou. Professor of the University of Strasbourg.

“Good Governance and transparency of the Governments.”

Julius Sen. Professor of the London School of Economics and Political Sciences. “State policy issues in all areas of government”.

Vicente Montesinos Julve. Catedrático de la Universidad de Valencia. Transparencia y responsabilidad en el gasto de las Administraciones Públicas.

Miguel Ángel Martínez Lago. Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Complutense de Madrid. “Responsabilidad en la gestión presupuestaria y en la realización del gasto Público”.

Eva Andrés Aucejo. Profesora acreditada a catedrática de Derecho Financiero. UB. Member of the Human-Centered Business Project (World Bank). “Corporate Governance and Tax compliance Systems for the Companies: United States/ Netherland/ Irland”.

Modera: Marta Ortega Gómez y Ángel Baena Aguilar (Profesor titular de derecho Tributario y Financiero. UAB)

Germán Orón Moratal. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Jaume I de Castellón. “Consecuencias de la primera sanción impuesta a España/Generalitat Valenciana por incumplimiento de la estabilidad”.

Joan Pagès i Galtés. Catedrático de Derecho Financiero la Universitat Rovira i Virgili. “Ejecución de créditos presupuestarios no consignados en Presupuestos”.

Juan Pablo Charris Benedetti. Profesor de D. Público de la Universidad Externado de Colombia. “Hacia una Corte Internacional de Arbitraje para la gobernanza internacional”.

Francisco Cañal García. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario. UB. “El control en el gasto público local”.

Alfredo Galán. Acreditado catedrático de Derecho Administrativo. UB.

José María Tovillas: Profesor titular de Derecho Financiero. UB.“Gastan demasiado los Estados Europeos”.

Modera: Joan Francesc Pont i Clemente. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UB.

 

 

Fuente: https://jfpont.wordpress.com/2017/06/13/interdisciplinar-seminar-international-governance-efficient-and-sustainable-governments/

EL TC RESUELVE EN SENTENCIA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA MAL DENOMINADA "AMNISTÍA FISCAL"

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada amnistía fiscal

El jueves pasado, 8 de junio,  se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introdujeron diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit

público, es decir, el recurso contra la mal denominada “amnistía fiscal”.


 
Esta Sentencia declara inconstitucional la norma única y exclusivamente por haber sido utilizado un  Decreto-Ley como forma de introducción de la misma en el ordenamiento jurídico, considerando que se vulnera el artículo 86.1 de la Constitución:


 
“6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional”.

 

La doctrina del Tribunal Constitucional es, en este tema, impecable, y da continuidad a las críticas que el propio Tribunal y la doctrina –entre la que cabe destacar a los autores vinculados a PONT MESTRES a lo largo de su trayectoria- han vertido sobre el abuso del recurso a normas del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley.

 

No es menos cierto que la Sentencia se recrea en justificadas críticas al concepto mismo de “regularización fiscal” –a la que tacha de contraria a diversos principios constitucionales, aunque sin excluir que a través de una Ley aprobada por las Cortes Generales hubiera podido introducirse.


En cualquier caso, la  Sentencia no va a surtir efectos en los contribuyentes porque el Tribunal Constitucional acaba concluyendo que: “En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9)”. Aquí el Tribunal, sin mencionarlo, acoge uno de los corolarios de la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima, es decir la expectativa razonable de los ciudadanos sobre que si en un tema concreto han seguido las instrucciones de la Administración, ello no puede luego comportarles consecuencias negativas o desfavorables.


 

ERC PROPONE VOLVER A SUSPENDER LA VIGENCIA DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS EN LOS SUPUESTOS DE NO RETRIBUCIÓN DEL CAPITAL

Desde su introducción por medio de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital que regula el derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos, ha sufrido dos suspensiones consecutivas, lo que nos plantea serias dudas sobre su aceptación e idoneidad.

Pues bien, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya ha propuesto una tercera suspensión de la vigencia del derecho de separación de socios en los supuestos de no retribución de capital. Está claro que la actual redacción del controvertido artículo 348 bis no termina de convencer, por lo que sería preferible una modificación del mismo que se ajuste a las necesidades reales de las compañías mercantiles.

Dicho esto, conviene recordar las consecuencias de la entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital: La posibilidad del derecho de separación del socio minoritario en caso de falta de distribución de dividendos.

Desde el 1 de enero de 2017 el socio minoritario podrá separarse voluntariamente de la sociedad por el no reparto de beneficios, además de poder impugnar judicialmente la validez del acuerdo social si se ha adoptado en claro abuso de derecho y en su perjuicio personal, dicho en otras palabras, si se ha adoptado el no reparto de beneficios por la mayoría, en perjuicio de la minoría.

Deben cumplirse las siguientes condiciones para que el socio minoritario puede ejercer su derecho de separación:

  1. Que hayan transcurrido cinco años desde la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil hasta el momento de celebración de la Junta (recuerden que la Junta ordinaria debe celebrarse dentro de los 6 primeros meses desde que se haya producido el cierre del ejercicio social).
  2. Que el socio hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales.
  3. Que la Junta General no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

Cumplidos los requisitos exigidos por la Ley, el socio interesado en ejercitar su derecho de separación dispondrá del plazo de un mes, a contar desde la fecha de celebración de la junta en la que no se acordó el reparto, para comunicar por escrito a la sociedad su voluntad de ejercer su derecho de separación al amparo del artículo 348 bis.

Tras la comunicación, las partes, socio y sociedad, deberán llegar a un acuerdo en la valoración de las participaciones/acciones. En caso de no consensuar la valoración, se seguirá el procedimiento establecido por la Ley de Sociedades de Capital y será un experto independiente designado por el Registrador Mercantil quien determine el valor razonable de las participaciones o acciones.

Finalmente, la sociedad decidirá entre quedarse las participaciones/acciones del socio minoritario o bien, reducir el capital con devolución de aportaciones, en la medida que sea esto posible.